Luego de que la Justicia ordenara sacar la escombrera clandestina que instaló en San Juan entre 2007 y 2012, la minera chilena Antofagasta Minerals debió presentar un plan de remediación a realizar en 10 años. Y aunque así lo hizo, el gobierno provincial anunció su rechazo al proyecto de remoción por considerar que el plazo estimado era excesivamente extenso.

 

Según trascendió, la empresa pretendía sacar en 10 años las más de 20 millones de toneladas de residuos peligrosos que dejó en la localidad de Calingasta, provenientes de Los Pelambres, el proyecto minero que la compañía tiene en la localidad trasandina de Cerro Amarillo (a pocos kilómetros de la frontera con San Juan). Desde la provincia, como así también desde la Cancillería Nacional, entienden que la remediación total debe hacerse en un máximo de cinco años.

En agosto pasado, Antofagasta Minerals había sido declarada culpable de delitos de contaminación y usurpación de agua y suelo por parte del juez federal Leopoldo Rago Gallo, que instó a la empresa a hacerse cargo de remover la escombrera. Según diferentes informes de las consultoras SGS y URS AECOM, la minera acumuló ilegalmente en la provincia diferentes residuos peligrosos, como neumáticos en desuso y rocas sin valor comercial –por el bajo o nulo contenido de los minerales buscados– que terminaron por generar drenajes ácidos, arrasar lagunas enteras y contaminar un curso de agua con conexión directa al Río San Juan.

Ampliamente criticado por el arco ambientalista, en un principio el ejecutivo de San Juan le había propuesto a Antofagasta Minerals que simplemente aísle la escombrera. No obstante, la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza (a la que pertenece Rago Gallo) dio de baja ese proyecto e hizo cambiar la posición del gobierno de Sergio Uñac, que pasó a manifestarse a favor de la remoción de los desechos tóxicos, una tarea que según las estimaciones costaría unos 210 millones de dólares.

Buscando evitar mayores costos políticos, hoy la provincia también considera incluso la posibilidad de que las tareas de extracción puedan concretarse en tres años, en vez de cinco. Desde el seno del gobierno entienden que, según las condiciones climáticas del lugar, las tareas de extracción pueden realizarse en 10 de los 12 meses del año, por lo que consideran viable la posibilidad.

En ese contexto, Antofagasta Minerals –que tiene a parte de sus altos mandos de Los Pelambres enfrentado juicios por este caso– no opondría resistencia para achicar los plazos de remediación, una tarea que está pautada para que empiece próximamente entre diciembre y enero. Por esta razón, la empresa trasandina ya ha mantenido contacto con funcionarios del Ministerio de Minería local y continúa con el puente diplomático con la cartera de Relaciones Exteriores de Chile para arreglar los términos definitivos de la remediación.

Fuente: Foro Ambiental