La iniciativa está incluida en el proyecto de reforma tributaria que el Gobierno logró aprobar en el Congreso

 

Dentro de la reforma tributaria que el Gobierno Nacional envió al Congreso, y que ya fue aprobada, se encuentra una propuesta que podría ser disruptiva en beneficio del medio ambiente. Se trata de un impuesto a los combustibles fósiles que se aplicará inicialmente a los carburantes líquidos para luego, en el año 2020, extenderse al gas, GLP y carbón.

Estos tipos de combustibles, en la actualidad, representan una de las mayores fuentes de emisión de dióxido de carbono (CO2), el principal gas de efecto invernadero, cuyo aumento en la atmósfera provoca lo que conocemos como calentamiento global.

El 30 de octubre pasado, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) anunció que los niveles de gases de efecto invernadero acumulados llegaron a su punto más alto en 800.000 años. La comunidad científica no duda de que ese incremento se debe a la actividad humana (industrialización y tránsito, por ejemplo), y que de no mermar las emisiones de manera drástica y acelerada, los impactos ambientales podrían ser tan negativos como irreversibles.

Si bien la transformación energética que a nivel mundial se ha iniciado para responder a la urgencia climática aún es insuficiente, hubo un crecimiento notable de las iniciativas. Lo vemos con el avance de las fuentes renovables, solar y eólica principalmente, que simbolizan los cambios más trascendentes. También en la reciente irrupción de la movilidad eléctrica, un concepto que propone disminuir el uso de vehículos particulares para así ayudar a reducir la contaminación del aire, el consumo excesivo de energía, los efectos sobre la salud de la población y la saturación de las carreteras.

“Para que el avance de las renovables se acelere y profundice, y para que la transición energética se produzca a la velocidad que la respuesta al cambio climático requiere, hace falta introducir en la economía algunas señales muy claras. La aplicación de instrumentos que penalicen y pongan un valor económico a las emisiones de carbono es uno de los caminos para ello”, afirma Juan Carlos Villalonga, diputado nacional y ex líder de Greenpeace Argentina.

Por lo tanto, el impuesto al CO2 es un muy buen instrumento que busca desincentivar el consumo y la producción de combustibles fósiles que inciden en el cambio climático y al mismo tiempo permite una mejor transición hacia las energías renovables.

Sin embargo, el surgimiento de este gravamen no escapó a la lógica que tanto el gobierno como la industria le imponen a estas medidas. El lobby del petróleo pudo exceptuar del pago del impuesto a los proyectos de producción de gas con la técnica del fracking.
Las corporaciones petroleras lograron así (sin demasiado esfuerzo) imponer sus reglas y el gas de Vaca Muerta no pagará nada. En 2028 debería haber tributado 25 dólares por tonelada de CO2 emitida, pero pudieron “excluirse”. Ahora, el lobby minero, pretende hacer exactamente lo mismo con la ley de Glaciares, es decir, imponer sus reglas por sobre el bien común.

“Ello, al igual que las propuestas del sector minero para modificar la Ley de Protección de Glaciares, no hace más que demostrar que la corriente de inversión que tanto se espera, solo será “viable” en tanto se debiliten y acoten los estándares de protección vigentes y se obtengan beneficios especiales en materia de tributación”, señaló Andrés Nápoli, Director Ejecutivo de FARN.

Impuestos similares en otros países

De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL) hacia 2014 Venezuela, México, Ecuador, Argentina y Colombia eran los países latinoamericanos con mayores distorsiones en los mercados de combustibles, debido a la existencia de subsidios a la nafta y el diésel. Este tipo de subsidios, al no reflejar las externalidades negativas, producen el aumento de la demanda de los derivados del petróleo, e impiden el desarrollo de alternativas, como la movilidad eléctrica, y fomentan el uso del transporte privado por sobre el transporte público, por ejemplo.

A nivel internacional, países como Gran Bretaña (desde 2013), Francia (desde 2014) Portugal (2015) o Sudáfrica (2017) ya cuentan con impuestos a las emisiones. En la región, Chile y Colombia han establecido su propio impuesto el año pasado y México viene avanzado desde 2014.

Por otro lado, y en comparación con los países miembros de la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica (OCDE) que cuentan con impuestos relacionados a la protección ambiental del 1,6 por ciento del PBI (en promedio) Argentina estaría alcanzando un 1,1 por ciento.

Fuente: Foro Ambiental / Infobae