Desmontes y desalojos ilegales: vuelven a encender las topadoras en Salta

La finca Cuchuy –propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña, primo segundo del Jefe de Gabinete, Marcos Peña– está en el departamento salteño de San Martín y contiene bosque nativo de la ecoregión del Chaco Seco. El Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos clasificó esa zona en la Categoría I-Rojo y II-Amarillo, lo que implica que no se permiten desmontes. Sin embargo, las topadoras reanudaron la actividad que habían suspendido en 2013. La zona además, está protegida por la Ley de Tierras Indígenas.

“Al igual que con otras 31 fincas que se encontraban en zonas en donde no se podía deforestar por la Ley Nacional de Bosques, Urtubey autorizó a pedido de los empresarios la deforestación (de 144.984 hectáreas) en esa región”, recordó Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace y señaló que en la finca Cuchuy se rezonificaron un total de 8.962 hectáreas protegidas.

Además de la organización ambiental, el reinicio de los desmontes también fue denunciado por los wichis. Ángel Amancio, habitante de una de las comunidades de Corralito –pueblo en el que está ubicada la finca y en el que viven 10 familias wichi y 7 familias criollas– afirmó que “hay 4 máquinas que están abriendo picadas para meter las cadenas. Trabajan sin parar de sábado a domingo...”.

Amancio explicó que los problemas comenzaron hace más de un mes, cuando fue a recorrer la zona con otros integrantes del grupo wichi Chorrito y encontraron dos máquinas que abrían picadas entre los árboles, a unos 5 kilómetros de donde están sus casas.

“Cuando les preguntamos a los operarios de dónde venían nos dijeron que eran de la empresa de Braun Peña, que era propiedad privada y no podíamos estar ahí”, relató, y agregó: “Les contestamos que nosotros éramos de ahí. Yo nací en Chorrito y aquí murieron mis abuelos. En nuestra comunidad somos 32 personas, pero entre las tres comunidades somos 17 familias”.

En una nueva recorrida al monte en el que habían visto las máquinas, ahora vieron dos topadoras más y varios caminos ya abiertos que penetraban el bosque. “Nos estamos organizando para ver cómo podemos hacer para frenarlos. Pero la justicia acá en Tartagal está a disposición de la empresa; no podemos ir a reclamar...”, denunció.

 

Vía libre para el desmonte

Según rastrearon integrantes de Greenpeace, Alejandro Jaime Braun Peña, integra el directorio de Finca Cuchy S.A. con Pablo Clusellas, Secretario de Legal y Técnica de la Nación. Braun Peña y Clusellas forman parte, además, de los directorios de las empresas Salta Cotton S.A.; Latin Bio S.A.; Cremer y Asociados S.A.; Hierros S.A. y Sideco Americana S.A., empresas vinculadas al Grupo Socma, de la familia Macri. Braun Peña compró en 1997 la finca El Yuto, cercana a Cuchuy, para la empresa Yuto S.A., también de la familia Macri.

“En 2013 logramos que Urtubey derogue los decretos 2211/10 y 3136/11, después de una fuerte campaña que hicimos en conjunto con la Coalición Salta con Bosques. Logramos que el gobierno salteño no siguiera recategorizando zonas protegidas”, señaló Giardini.

De acuerdo al referente de la Campaña de Bosques de Greenpeace, “en el momento de la derogación, la finca El Yuto estaba tramitando para desmontar también, pero finalmente no llegó a la recategorización”. Asimismo, Giardini indicó que la derogación de los decretos no logró detener el avance sobre zonas que ya habían sido modificadas: “No tiraron para atrás ninguna de las rezonificaciones y se sigue desmontando ilegalmente”.

Un reciente informe presentado por Greenpeace denunció que, entre enero y junio de este año, el desmonte en el país superó las 45 mil hectáreas, de las cuales un 42 por ciento se produjo en zonas protegidas por la ley. En Cuchuy específicamente, se removieron 2.264 hectáreas en 2014; 378 en 2015; 1.141 en 2016; y, según los últimos cálculos de la ONG, unas 400 hectáreas más en 2017.

Giardini también aseguró que de concretarse el desmonte sobre las hectáreas restantes de la finca de Braun Peña se violaría la Ley de Territorios Indígenas ya que, “quedan entre 2 mil y 3 mil hectáreas de monte”, en donde viven “cuatro comunidades wichi que fueron arrinconadas en el último lote, alrededor de un mar de soja”, “si avanzan sobre ese territorio sería un desalojo de facto”.

“Estas comunidades viven del monte, y están ahí desde antes de que se conformara el Estado argentino. Cuando se compran y venden los terrenos, las transacciones se hacen con las comunidades adentro”, manifestó.

Las tierras de esa región son codiciadas por los empresarios de la agricultura debido a que “son terrenos considerablemente más baratos que en otras partes del país y, paradójicamente, son más baratos cuando tienen bosques que cuando están ‘limpios’, añadió.

El activista, a su vez, denunció que, bajo la legislación actual, la deforestación ilegal sólo implica multas para los empresarios, que representan un gasto mínimo en relación a las ganancias que obtienen de los terrenos. Por ese motivo, Greenpeace y otras organizaciones sociales elaboraron el proyecto de Ley de Delitos Forestales, presentado en el Congreso en octubre del año pasado por la diputada Victoria Donda, de Libres del Sur.

“Con esta ley el desmonte ilegal se convertiría en un delito penal. Esto permitiría que los jueces y los fiscales pudieran investigar estos crímenes”, aseguró Giardini. Otra de las novedades de la norma es que “los funcionarios que otorgan un permiso para desmiente ilegal van a tener responsabilidad, al igual que los empresarios” detalló, y acusó que el proyecto se encuentra demorado por la diputada jujeña del radicalismo María Gabriela Burgos, quien preside la comisión de Legislación Penal.

Fuente: Página 12 / Foro Ambiental (04.12.17)

Volver Atras