El glifosato es el herbicida más cuestionado del mundo. Según la OMS, es potencialmente cancerígeno y las empresas que lo producen, sobre todo Monsanto–Bayer, aglutinan miles y miles de juicios en su contra. En Argentina, Chubut iba a convertirse en la primera provincia de la Patagonia en prohibirlo, luego de que la Legislatura lo votara por unanimidad. Pero a último momento, sin embargo, la ley fue vetada por la gobernación y quedó sin efecto. 

La iniciativa, que fue llevada adelante por el diputado José Grazzini (Frente Para la Victoria) con el apoyo del resto de los bloques políticos opositores, pretendía terminar en Chubut con “la importación, introducción, tenencia con fines de comercialización, fabricación, fraccionamiento, distribución, transporte, comercialización, y aplicación del herbicida glifosato en todas sus variantes, así como de productos que tengan como base o principio activo al glifosato”. Además, de imponer multas a los infractores.

En conferencia de prensa, el gobernador Mario Arcioni defendió el veto y dijo que se trató de «un proyecto de ley en el que no se hizo participar absolutamente a nadie, con fines electorales, con una irresponsabilidad total, como lamentablemente nos tienen acostumbrados algunos diputados».

Como respuesta, Grazzini rechazó la medida del gobierno provincial y recordó que «hay estudios médicos en la provincia que indican que presuntamente hay malformaciones debido a la utilización de agrotóxicos. La prohibición del glifosato en toda la provincia es un paso fundamental».

La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, que depende de la OMS, afirma que hay pruebas de que el glifosato puede causar linfoma no Hodgkin, dañar el ADN y alterar cromosomas. A esos estudios se suman los nacionales, como los de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, que sostienen que en Argentina una de cada cinco personas muere de cáncer en las zonas rurales del país expuestas a los herbicidas.

Nuestro país es el mayor consumidor del mundo de glifosato, herbicida diseñado para matar malezas y todo un emblema del sistema agroindustrial. Hasta 1996, cuando fue autorizado el ingreso de la soja transgénica durante la segunda presidencia de Carlos Menem, se utilizaban en promedio 3 kilos de glifosato por hectárea. Hoy, en cambio, se emplean 12.

En los últimos años, diversos municipios de todo el país han decidido impulsar ordenanzas o discutir proyectos para prohibir el herbicida. En el caso de Chubut, las localidades de Epuyén, Lago Puelo y Cholila también han avanzado en esa dirección y hoy cuentan con normas que impiden tanto la aplicación como el acopio y la comercialización del herbicida dentro del ejido urbano.

El glifosato cada vez más apuntado

Hace poco Bayer recibió un nuevo revés al ser condenado a pagar u$s2.055 millones por un jurado de California que sostuvo que Monsanto, firma que fue comprada por la compañía alemana a mitades del año pasado, es la causante que una pareja de estadounidenses contrajeran cáncer por el uso del herbicida Roundup, productor elaborado a base de glifosato.

Fue el tercer fallo consecutivo desfavorable para Bayer por parte de un jurado estadounidense en litigios vinculados a la sustancia química. Son los primeros de las más de 13.000 demandas que le esperan a la mayor agroquímica del mundo en Estados Unidos. Tras la última sentencia, las acciones incluso llegaron a caer 12 por ciento. De acuerdo a la consultora británica Jeffries LLC, los juicios pendientes podrían representar pérdidas por 680.000 millones de dólares.

Fuentes:

– La Nación

– Foro Ambiental

– El Patagónico