Respaldo oficial al modelo de producción con agrotóxicos

Los ministerios de Agroindustria, Medio Ambiente, Salud y Ciencia y Tecnología presentaron un documento conjunto que pretende sentar las bases para la futura Ley de “fitosanitarios”.

 

Desde la Casa Rosada piensan que para escapar de la crisis –cierre de empresas, tarifazos, despidos, pérdida del poder adquisitivo, endeudamiento y recetas del FMI– es necesario darles todas las concesiones posibles a aquellos grandes sectores productivos afines, como por ejemplo, el campo.

Con el objetivo de favorecer las prácticas extractivas que promueve el modelo agroindustrial en los campos rurales, el gobierno presentó una nueva propuesta sobre el uso de agroquímicos con la que apunta a motorizar una ley nacional de “fitosanitarios”.

El proyecto en concreto, propone 23 recomendaciones que, de una u otra forma, promueven una mayor aplicación de agroquímicos. Fue dado a conocer en el Ministerio de Agroindustria, a través de un panel integrado por su titular –Luis Miguel Etchevehere– y sus pares, Sergio Bergman (Medio Ambiente), Lino Barañao (Ciencia y Tecnología) y Adolfo Rubinstein (Salud).

“La delimitación de zonas de amortiguamiento depende de los objetivos que se persiguen y de las características de cada localidad”, dice el documento interministerial, que omite los estudios nacionales e internacionales sobre el incremento de las enfermedades como el cáncer o malformaciones y abortos espontáneos que los herbicidas provocan en las zonas rurales de aplicación intensiva.

¿Buenas prácticas de qué?

Para tratar de entender el proyecto impulsado quizá sea bueno analizar cómo piensa uno de sus principales mentores: Luis Miguel Etchevehere. El ex presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) ha sido un fiel defensor del agronegocio y uno de los grandes responsables de que Argentina hoy, sea uno de los países que más agroquímicos consume en el mundo.

Ni bien asumió como ministro de Agroindustria, a fines de octubre del 2017, Etchevehere aseguró que le preocupaba el cambio climático, pero luego dejó un mensaje claro: “No pretendan frenar la producción en nombre de una imaginaria pureza ambiental”.

A pesar de que desde el 2015 la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, que depende de la OMS, afirma que hay evidencia científica de que el glifosato puede causar cáncer en humanos (linfoma no Hodgkin), dañar el ADN y alterar cromosomas, Etchevehere –y el 70 por ciento de los agricultores bonaerenses que destinan sus campos al cultivo de transgénicos– defiende lo que se conoce como “Buenas Prácticas Agrícolas” (BPA).

Para explicar este concepto, el ahora funcionario una vez sostuvo que un herbicida “no es ni mejor ni peor que cualquier producto que tenemos abajo de la alacena de la cocina, del detergente, de la lavandina, del matamosquitos o matacucarachas. Si a esos elementos cotidianos se los manipula mal o se los toma o se rocía, evidentemente les va a causar un daño”.

Pocas veces Etchevehere se ha mostrado preocupado por el indiscriminado uso de agroquímicos en Argentina, o por el incremento exponencial de los cultivos modificados genéticamente. Y mucho menos lo ha hecho por la situación de los pueblos fumigados.

Envenenar bien y prolijo

Las “Buenas Prácticas Agropecuarias” es un combo de postulados desarrollado por los mayores referentes agrarios del país y las principales multinacionales agroquímicas, como Bayer, Monsanto, Dow, BASF, Syngenta y DuPont. Según sus lineamientos, los herbicidas no implican riesgo para la salud si son aplicados en la cantidad que indican las empresas que los comercializan.

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La conferencia concretada en Agroindustria tuvo como inicio una prédica de Etchevehere en la que el titular de la cartera defendió las pulverizaciones y anticipó que el documento interministerial en breve será presentado “ante las comisiones del Congreso para que sea insumo de cara a una ley nacional” que fije pautas para el uso de pesticidas en el campo.

Apoyo oficial al glifosato

En Argentina se fumigan a diario decenas de escuelas rurales, los tumores y las malformaciones se reproducen en los pueblos donde se practica la agricultura industrial, y los agroquímicos están presentes en la mayoría de los alimentos que consumimos. Sin embargo, el evento al que acudieron empresarios y funcionarios, se caracterizó por defender la aplicación de pesticidas. 

“¿Cuál es el problema con los fitosanitarios, los agroquímicos, respecto de otras tecnologías que también tienen efectos nocivos como la electricidad, el automóvil, que también producen muertes?, preguntó Barañao, ministro de Ciencia y Tecnología.

El funcionario, que también formó parte de la gestión kirchnerista durante ocho años, trazó un paralelismo en ese sentido y afirmó que en la actualidad “la humanidad es hoy tan dependiente de los fitosanitarios para su alimentación como lo es de los antibióticos para la salud”.

Según Barañao, “sabemos que los antibióticos salvan millones de vidas pero que si se aplican inadecuadamente pueden tener consecuencias fatales”. Sin embargo, en un momento él mismo reconoció algunos casos no tan felices. “Se ha encontrado glifosato en miel. Y hay partidas que fueron rechazadas porque presentan cantidades mayores a las permitidas”, admitió. A pesar de esto, el bloque de ministros evitó hablar sobre la decisión oficial de descartar las investigaciones locales e internacionales que apuntan contra los efectos nocivos del herbicida glifosato en la salud y el ambiente.

Por vía terrestre o aérea, hoy todos los campos transgénicos de soja, maíz y algodón son rociados con glifosato para que sólo crezcan los cultivos genéticamente modificados. El herbicida, que comenzó a ser comercializado por Monsanto bajo el nombre de Roundup hace ya casi cinco décadas, hoy es distribuido por todas las grandes multinacionales químicas que son las que manejan buena parte de las ventas de semillas, la producción de agroquímicos y las patentes de los transgénicos del sector agroalimentario del planeta.

Argentina está entre los tres países que más agroquímicos usan (se encuentra detrás de Estados Unidos y Brasil) y es el mayor consumidor de glifosato en el mundo. Cada año, en el territorio nacional se utilizan unos 200 millones de litros, que son aplicados sobre más de 28 millones de hectáreas.

Ciencia digna

Andrés Carrasco (1946-2014), fue el primer referente científico argentino que visibilizó los efectos nocivos que el glifosato causa en la salud y el medio ambiente. Llegó a presidir el CONICET y sus célebres trabajos de investigación desafiaron a la comunidad científica y al establishment político-empresarial al asegurar que los componentes químicos del herbicida podían inducir malformaciones o producir la muerte.

Tras la muerte de Carrasco, que se convirtió en un símbolo ambientalista, la posta fue tomada por diversos investigadores que, movilizados por su trabajo, multiplicaron las investigaciones sobre el glifosato. Damián Marino, biólogo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y miembro del Conicet, es uno de ellos.

A partir de sus estudios, se ha descubierto que Urdinarrain (Entre Ríos) es la ciudad con mayores concentraciones de glifosato en el mundo, se comprobó que las moléculas del herbicida no eran biodegradables –como juran desde la industria química– sino pseudo-persistentes y que 6 de cada 10 frutas y verduras del país tienen al menos un agrotóxico. Uno de sus últimos trabajos, realizado a través del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente de La Plata (CIMA), también fue revelador: el glifosato se encuentra en el 40 por ciento de los lagos pampeanos bonaerenses.

Damián Verzeñassi es otro de los grandes referentes actuales. Doctor y docente de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) desde el 2010 se ha encargado de estudiar la salud de más de 110 mil personas de 32 localidades expuestas al uso de agroquímicos. Por medio de los “campamentos sanitarios”, que realiza junto a colaboradores y alumnos, comprobó que en todos los territorios analizados hubo un incremento muy importante de los casos de cáncer que coincide con la llegada del modelo de producción con transgénicos dependientes del glifosato.

Este problema también ha impulsado a la conformación de diversas organizaciones, como la Red de Médicos de Pueblos Fumigados o la Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomentan la Agroecología (RENAMA). La primera se ha ocupado de visibilizar que en los pueblos rurales una de cada tres personas muere de cáncer, mientras que en el resto del país es una cada cinco. Es decir, en las regiones agrarias, hay entre un 40 y 50 por ciento más de fallecimientos a causa de esta enfermedad. Mientras que la segunda, liderada por el ingeniero agrónomo Eduardo Cerdá, fomenta la agroecología en municipios y emprendimientos colectivos o privados en todo el país.

A nivel internacional, el glifosato estuvo en el ojo de la tormenta durante el año pasado luego de que la Unión Europea (UE) decidiera renovar por cinco años más su uso, impulsando arduos debates y disputas entre los países miembros.

En el exterior, diferentes estudios también alertan sobre sus consecuencias ambientales. Una nueva investigación del Centro Común de Investigación (JRC, por sus siglas en inglés), expuso que el herbicida y su metabolito AMPA, se encuentran en el 45% de los cultivos europeos.

En 2015, el glifosato fue clasificado como potencialmente cancerígeno por el Centro Internacional de Investigación sobre el Cáncer (CICR, en francés) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En Francia, por su parte, investigaciones del científico Gilles-Eric Séralini aportaron nuevos argumentos a lo expuesto por Carrasco en la Argentina. “Trabajamos en células de recién nacidos con dosis del producto cien mil veces inferiores a las que cualquier jardinero común está en contacto. El Roundup programa la muerte de esas células en pocas horas“, indicó el profesional galo, especialista en biología molecular.

La Fundación Heinrich Böll, cercana al partido ecologista Los Verdes, presentó un estudio en el que alertó que el glifosato tiene una presencia generalizada en el cuerpo humano. Según la investigación, el 99,6 % de las  2.009 muestras de orina de ciudadanos alemanes analizadas en el año 2015 presentaron residuos tóxicos del herbicida y en el 75 % de los casos, esos restos superaron los 0,5 nanogramos por mililitro. Es decir, cinco veces del máximo permitido para el caso del agua potable.

En el caso de Estados Unidos, una corte federal de la Ciudad de San Francisco, a cargo del juez Vince Chhabria, planteó que Monsanto manipuló estudios sobre el impacto del Roundup, el herbicida más usado en el mundo, cuyo principal componente es el glifosato.

Según la causa judicial, conocida como “Monsanto Papers”, la multinacional habría trazado nexos con funcionarios, con autoridades y miembros de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) para que oculten las consecuencias de su producto principal, que es aplicado tanto en campos como en jardines de hogares particulares. De hecho, la reconocida revista Science, precisó que se llegaron a pagar hasta 250.000 dólares para que ciertos científicos defiendan el uso de agroquímicos.

Ocultar el cáncer

Tras una larga pelea administrativa, a mitades del 2017, el investigador internacional Christopher Portier, tuvo acceso a estudios confidenciales que Monsanto entregó a las autoridades de la Unión Europea. Según el especialista, allí hay evidencias sobre la injerencia del glifosato en varios casos de cánceres comprobados, algo que hasta el momento ha sido omitido en los informes de los organismos europeos de control.

“Hay ocho casos de tumores con influencias significativas que no aparecen en ninguna de las publicaciones presentadas por la EFSA (Autoridad Europea de Seguridad de los Alimentos) y el ECHA (Agencia Europea de Productos Químicos)”, acusó.

Portier es un toxicólogo y bioestadístico de renombre mundial. Fue director de organismos como el Programa Nacional de Toxicología (NTP) en Estados Unidos, el Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental (NIEHS) y la Agencia para Sustancias Tóxicas y Registros de Enfermedades (ATSDS).

Partición ciudadana

El trabajo interministerial que pretende sentar las bases para una futura Ley de “fitosanitarios” dispone a través de la página web del ministerio de Ambiente, de una plataforma participativa para que los ciudadanos –entre otros actores sociales– puedan expresar su posición en relación al trabajo elaborado por los especialistas del gobierno.
LINK a la página
La consulta, publicada el 20 de julio, está abierta hasta el 20 de agosto. Sólo 30 días. Pero es lo que marca la Ley. Demasiado poco tiempo para un tema central.

Link al documento interministerial:
GRUPO DE TRABAJO INTERMINISTERIAL SOBRE BUENAS PRÁCTICAS EN MATERIA DE APLICACIONES DE FITOSANITARIOS

Fuentes:

  • La eterna espera: La regulación en la aplicación del uso de agroquímicos / FARN
  • Festejan Bayer y Monsanto: el Gobierno desoye recomendaciones sanitarias y apuesta por un modelo agropecuario de mayor uso de agrotóxicos / iprofesional.com

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