Dividido en 12 mesas temáticas, más de 50 oradores expusieron sobre protección de los bienes naturales, desarrollo de las energías renovables, políticas públicas contra el cambio climático y acceso a la justicia ambiental.

 

Organizado por la Universidad de Belgrano (UB), el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), la Universidad del Salvador (USAL) y Foro Ambiental, el evento de tres días de duración permitió analizar en profundidad y debatir sobre los principales desafíos que engloban el desarrollo sostenible y el cuidado del ambiente.

“La naturaleza es un bien fundamental y el ser humano no está autorizado a destruirla. Todos tenemos derecho a un medio ambiente sano, la responsabilidad de combatir el cambio climático y la necesidad de emprender un crecimiento que sea sustentable”, afirmó el Dr. Dino Bellorio Clabot, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UB y encargado de coordinar el 10° Foro Internacional de Derecho Ambiental.

El evento contó con la presencia de legisladores, abogados, investigadores, empresarios y académicos. Hubo mesas temáticas sobre derecho ambiental, la lucha contra el calentamiento global a nivel mundial, el acceso al agua potable y la conformación de una justicia ambiental. Además; se incluyeron charlas sobre la producción agroindustrial, el crecimiento de las energías renovables y el mejoramiento de los servicios públicos.

“A raíz de un mal ejercicio del poder, el panorama mundial hoy nos presenta una realidad de indigencia, pobreza y desigualdad. Una sociedad mejor es una sociedad equitativa y respetuosa con su entorno ambiental”, sostuvo el decano, autor de más de 20 libros y también presidente de la Red Universitaria Iberoamericana de Derecho Ambiental (REUNIDA).

Adaptación al cambio climático, energías renovables y políticas públicas

La apertura de esta nueva edición del Foro Internacional de Derecho Ambiental tuvo lugar en el salón San Martín de la Legislatura porteña. El día dos se repartió entre en la sede de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador y el Auditorio Roca de la Universidad de Belgrano, y el cierre se hizo en el Colegio de Abogados.

Entre los presentes, disertaron la magistrada brasilera Dra. Vera Lucia Jucovsky (vicepresidenta de la Liga Mundial de Abogados), Alberto Máques (síndico del CEAMSE), Hugo Cañiza (asesor jurídico de la Secretaría del Ambiente del Paraguay) y Héctor Lescano (embajador del Uruguay).

“Todos los caminos que afronten los estados deben contener las nuevas alteraciones climáticas e impulsar un equilibrio ambiental. Las políticas y las acciones gubernamentales deben contemplar el derecho ambiental, garantizar la participación de la ciudadanía y estar regidas por un desarrollo sustentable”, afirmó la Dra. Jucovsky.

Máques, por su parte, agregó que “todo lo que tenga que ver con el sector productivo y las actividades humanas en general representa un impacto ambiental, por ende, es un desafío que impulsemos soluciones constantes, como es por ejemplo la ampliación de los mecanismos para la separación de residuos y su posterior reciclaje y reutilización”.

Los especialistas mostraron su visión sobre el paso de las industrias de los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural) y las centrales nucleares, a las tecnologías y energías renovables. El embajador Lescano, en ese sentido, destacó la importancia del papel de las energías renovables en el camino hacía el desarrollo sostenible.

“El cambio de matriz energética ha adquirido un gran protagonismo a nivel mundial durante los últimos años. En ese sentido, Uruguay es un referente. Durante el año pasado, casi la mitad de los días la demanda de energía en el país fue cubierta a partir de fuentes renovables”, indicó.

Otro de los aspectos que se profundizó durante el encuentro fue la reducción de los impactos ambientales de las actividades costeras para contribuir con la mitigación de la contaminación de mares y océanos. Como, por ejemplo, en el caso de los puertos.

“Aquellos puertos que no piensan en el medio ambiente y la sustentabilidad están destinados al fracaso”, señaló Juan Linares, gerente de operaciones del Puerto de Bahía Blanca.

Como ocurre con toda actividad industrial, Linares mencionó que permitir el desarrollo de proyectos de energías renovables en el área costera es otra clave para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. “En ese sentido, el Puerto de Bahía Blanca fue equipado y restaurado para posibilitar el ingreso de 300 aerogeneradores y hace semanas se inauguró nuestro primer parque eólico de la región”.

Derecho ambiental, inclusión social y alimentación

Durante el seminario, la Dra. Jucovsky también expuso sus trabajos sobre el reconocimiento de los pueblos originarios y la inclusión de la mujer: “Nadie puede estar privado de un medio ambiente sano. Debemos equilibrar el desarrollo económico con la igualdad social y con la protección del sistema climático”.

En un hecho histórico, a fines del año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció por primera vez que existe una “relación innegable entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos humanos”.

La geógrafa Claudia Natenzon, docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad de Sevilla (España), explicó que “los sectores más vulnerables son más propensos a sufrir las consecuencias del cambio climático” y destacó que “el rol de las instituciones es fundamental para que los derechos se apliquen y ayuden a cubrir las necesidades de estos grupos sociales”.

El reconocido abogado Daniel Vítolo, a su vez, profundizó sobre un tema tan importante como poco explorado: los migrantes ambientales. Según el informe Frontiers 2017 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cada segundo una persona abandona su hogar por causas relacionadas con el cambio climático. Es decir, desde la pérdida de biodiversidad hasta fenómenos extremos como sequías, inundaciones, olas de calor, aumentos del nivel del mar o huracanes.

“Debemos investigar, debatir, interpelar, conmover, reflexionar y construir consensos. La búsqueda de un mundo mejor y más sustentable debe estar más allá de toda diferencia ideológica, religiosa y social. El compromiso tiene que ser unánime, ese debe ser el desafío de nuestro tiempo. Es posible que nosotros no podamos ver los resultados, pero tal vez sí lo vean nuestros hijos o nuestros nietos”, manifestó el Dr. Vítolo.

En cuanto al crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente también aportaron su visión y conocimientos la diputada nacional Alcira Argumedo, el ingeniero agrónomo Alejandro Echegaray (presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente del Senado), y las letradas Aurora Besalú Parkinson (cambio climático), Leila Devia (desarrollo sostenible), Diana Moralejo (agua y saneamiento) y Cristina Garros Martínez (derecho agrario ambiental).

“Si la ciencia ha alcanzado un consenso unánime sobre el cambio climático, ¿por qué aún no lo están completamente la política y la justicia? Son los pilares necesarios para garantizar los derechos humanos de la sociedad frente a este contexto”, cuestionó Besalú Parkinson.

La Dr. Devia, en ese aspecto, destacó que “la concientización de la sociedad civil ha avanzado de forma notable en los últimos tiempos. El acceso a los servicios ambientales debe ser federal. Es necesario que los estados asuman sus compromisos y apliquen políticas preventivas apuntando a la integrabilidad del ambiente y a una justicia ambiental”. La legisladora Argumedo, a su vez, añadió que “la desigualdad social está estrechamente ligada a los problemas ambientales que afronta el mundo en el siglo XXI”.

En cuanto a la alimentación, los investigadores Marcelo Capelluto (Auditoría General de CABA) y Gustavo González Acosta (UBA) profundizaron sobre la importancia de la formación de una producción más responsable y el mejoramiento de los controles. De esa manera, hicieron hincapié en la adulteración de los alimentos y los engaños de la publicidad para con los consumidores.

“Los fraudes se dan en el proceso de industrialización y en épocas de crisis económicas. En el 2001, surgieron los medallones de carne. Lo que se produjo fue la adulteración de la hamburguesa, principalmente con harina de soja. Entonces, el Estado se encargó de legalizarlo”, detalló Capelluto.

También ocurre con el agua. En ese sentido, el especialista remarcó que “el agua potable es la que establece la ONU, de acuerdo a normas internas, mientras que el agua corriente debe cumplir sólo con algunas de esas normas. Sin embargo, los contratos para su comercialización dicen agua corriente pero la publicidad habla de agua potable”.

Conclusiones

Al igual que en ediciones anteriores, las ideas fundamentales y las conclusiones a las que se arribó durante el Décimo Foro Internacional de Derecho Ambiental, serán plasmadas en un documento final de distribución pública.

Fuente:
Foro Ambiental